¿Pervive el espíritu de la Transición democrática que marcó la vida política española durante más de un cuarto de siglo? ¿Se trata solamente de un recuerdo desgastado? A juzgar por la ola de sectarismo levantada en la primavera de 2010 por “el asunto del juez Baltasar Garzón”, la cuestión merece ser expuesta.
Según la opinión general, la instrucción contra el magistrado-astro exacerbó las tensiones del país, dividiendo la opinión pública en dos campos. Un deterioro del clima político tanto más lamentable al tiempo que España sufre una crisis económica profunda.
En varios días de informaciones-desinformaciones, el juez de la Audiencia nacional Baltasar Garzón se convirtió en un verdadero fenómeno popular. Sus admiradores eran unos millares que consideraban que hay que protestar “contra la impunidad del franquismo” (24 de abril de 2010). En las calles de Madrid enarbolaban la bandera tricolor de la República y la bandera roja comunista. Reclamaban a grandes gritos la vuelta de la República y la ilegalización del Partido Popular. Para todos ellos no había duda: el proceso contra el juez manchaba la memoria de las víctimas y constituía un “escándalo sin precedente”.
¿Intenciones excesivas de una minoría de revanchistas? ¡Cierto! Pero el asunto es preocupante. Personalidades habitualmente poco propensas al radicalismo extremista avivaron el fuego. El diario próximo al gobierno, “El País”, sostuvo sin reserva a Garzón, reproduciendo las intenciones más insultantes para el Tribunal Supremo, y criticando a la vez, a Luciano Varela, juez encargado de la instrucción.
Para comprender verdaderamente el asunto Garzón, hay que tomarse el trabajo de informarse seriamente. Evidentemente, los grandes medios de comunicación no consideran útil hacer este trabajo.
Un detalle importante ha sido pasado en silencio. Garzón no es juzgado por haber querido abrir las “fosas del franquismo” o investigar sobre los crímenes del régimen, sino por “prevaricación voluntaria” o falta grave a las obligaciones de su cargo. En un Estado de derecho, con más razón en una democracia, a partir del momento en que un juez pretende sustituir al legislador, en el momento en que viola deliberadamente la ley, está jurídicamente “muerto”. Esto, no lo ignora un jurista digno de este nombre.
Volvamos sobre los hechos
El 26 de diciembre de 2007, José Luis Zapatero hace aprobar una “ley de memoria histórica” cuyo origen se encuentra en una propuesta del Partido Comunista (Izquierda Unida). Esta ley tiene por objeto honrar y recuperar la memoria de todos los que fueron víctimas de injusticias por motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas durante y después de la guerra civil. Es el resultado de un consenso entre la izquierda y los partidos nacionalistas vascos (PNV) y catalán (CIU). Estos últimos, de sensibilidad demócrata-cristiana, consiguieron hacer admitir las “creencias religiosas” entre los motivos de represión. Su enmienda se reveló sin embargo de un efecto limitado. Desde su promulgación, la “ley de memoria histórica” ha sido interpretada sistemáticamente en favor de los representantes y simpatizantes del campo republicano y de sus descendientes.
Consciente de manejar una bomba de efecto retardado, el gobierno socialista primero escogió la inercia. Como dijo el secretario general de Amnistía internacional, Claudio Cordone, en materia de exhumaciones de los restos de las fosas comunes no hizo “prácticamente nada” (El País, 27-mayo-2010). Se contentó con dejar actuar a las asociaciones privadas generosamente subvencionadas.
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón, juez de instrucción de la Audiencia nacional, se pronunció sobre 22 denuncias “de Asociaciones de recuperación de la memoria” sobre “genocidio y crimen contra la humanidad”. Primeramente, el magistrado se declaró competente para instruir la totalidad “de crímenes del franquismo” y autorizó la apertura urgente de 19 fosas. Luego, para evitar ser desaprobado por sus pares, ordenó que “la instrucción necesaria” fuera llevada por los jueces competentes. El ministerio público inmediatamente reaccionó por la voz del fiscal, Alberto Zaragoza, quien censuró a Garzón por haber eludido la ley de amnistía de 1977 y querido realizar un tipo de inquisición general que recordaba la instrucción general (Causa General) llevada por el ministerio público de Franco, entre 1940 y 1943, lo que la Constitución prohíbe categóricamente. El fiscal también le reprochó al juez por atentar al principio constitucional de no retroactividad y por fundarse sobre reglas de derecho internacional que no existían en la época en la que los actos habían sido cometidos.
En la polémica, periodistas de derecha recordaron que el mismo juez Garzón había rechazado, en 1998, una querella semejante sobre “genocidio, tortura y terrorismo”, contra el PCE y su Secretario general, Santiago Carrillo, el PSOE y el Estado español, denuncia presentada entonces por la Asociación de las familias y amigos de víctimas del “genocidio de Paracuellos del Jarama” (2750 a 5000 muertos según las fuentes). Garzón entonces había discutido la capacidad jurídica de la asociación de los demandantes y les había reprochado “romper las normas de retroactividad” y violar la Constitución. Hasta había rechazado su queja de “abuso de derecho” y puesto en duda la deontología de los abogados demandantes. Confirmando la posición del juez Garzón, el fiscal Pedro Rubira había declarado, algunos meses más tarde (marzo-2000), que los hechos habían prescrito y recordó que la ley de amnistía de 1977 se aplicaba con pleno derecho.
Diez años más tarde, fundándose sobre argumentos y una jurisprudencia radicalmente inversa, Garzón admitía la queja de las víctimas del franquismo. Desde entonces, no iba a tardar en caer en su propia trampa. En 2009, era objeto de tres querellas por “prevaricación voluntaria ” depositadas por el Colectivo de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e identidad.
A principios de abril de 2010, sintiendo la suerte de su amigo Garzón sellada, el fiscal argentino del Tribunal penal internacional, Moreno Ocampo, propuso que el juez fuera trasladado al Tribunal Penal Internacional con la esperanza de bloquear el procedimiento de suspensión. Pero a pesar del acuerdo del ministerio público y del gobierno, a pesar de las manifestaciones de apoyo en la calle, a pesar de la propuesta de proyecto de ley de los comunistas de Izquierda Unida que pretendía modificar la ley de amnistía, la maquinaria judicial no pudo ser frenada.
Un triple proceso contra el juez Garzón
El 14 de abril de 2010, ha sido tomada una medida disciplinaria de suspensión en contra del juez por unanimidad por miembros de la Asamblea plenaria del Consejo General del Poder Judicial. Esto marca la apertura del triple proceso de Garzón ante el Tribunal Supremo (apertura de instrucción penal contra crímenes amnistiados por la ley, obtención de una ayuda económica por un banquero a quien instruía un asunto y la interceptación de comunicaciones entre abogado defensor y su cliente). El juez se arriesga a ser condenado a 20 años de incapacitación profesional.
No hay que equivocarse sobre las verdaderas razones de la amplitud de este asunto. Para los amigos de Garzón, las tribulaciones del juez son sólo un pretexto para dar cuerpo a sempiternas mentiras. Al oírlos, parece dar la impresión de que en 1936, los “buenos” habrían estado en un campo y los “malos” en el “otro”; todas las víctimas de los “franquistas” habrían sido personas honorables, héroes de la democracia; el espanto en el campo nacional habría sido infinitamente más brutal que el del campo republicano; la derecha sería la única responsable de la destrucción de la democracia y de la guerra civil; además, como heredera del franquismo, ella continuaría monopolizando el discurso y la memoria del conflicto.
Las mentiras
Primera mentira: las víctimas de los “franquistas” eran todas combatientes de la democracia, gente que debe hoy ser honrada y cuyos asesinos deben ser juzgados.
Según este discurso, poca importancia tiene que la vida en la zona de la Frente popular hubiera sido un infierno verdadero para la mitad de españoles. ¡Olvidadas las víctimas de la represión frente-populista debido a sus convicciones religiosas, o porque eran militares, nobles o burguesas, o simplemente de derecha!
No sabemos por qué debemos poner sobre el mismo plano a víctimas y verdugos. Tres ejemplos edificantes deberían bastar para comprender la perversidad de este raciocinio.
– Primer ejemplo: Juan Peiró y Agapito García Atadell. Peiró fue un dirigente anarquista, ministro del Gobierno frentepopulista durante la Guerra Civil, pero se trata de una figura ambigua que se opuso a algunas manifestaciones del terror “rojo” e intervino para salvar algunas vidas al tiempo que formaba parte del entramado responsable del proceso revolucionario y de los crímenes ejecutados materialmente por otros. Atadell, era un socialista, jefe de la Brigada de Investigación Criminal, que dependía directamente de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación. Fue responsable de robos, violaciones y de más de ochocientas detenciones al margen de la legalidad, muchas de las cuales terminaron en asesinatos. Condenado a muerte por un consejo de guerra, fue también ejecutado. ¿Hay que honrar por eso la memoria de Peiró y de Atadell de la misma manera?
– Segundo ejemplo: Juan Duarte Martín. Era un joven seminarista de 20 años. Su historia es de una naturaleza que hiere la sensibilidad de las personas más endurecidas. Juan fue denunciado por sus vecinos y torturado durante ocho días en noviembre de 1936. Una joven mujer fue encargada de seducirlo pero como se negaba a romper su voto de castidad, un miliciano lo castró con una navaja de afeitar y le ofreció sus testículos a la señorita. Después de abrirle el vientre., todavía vivo, echaron gasolina por su cuerpo y le prendieron fuego. Durante este último tormento, Juan Duarte sólo decía: “Yo os perdono y pido que Dios os perdone… ¡Viva Cristo Rey!”. Las últimas palabras que salieron de su boca con los ojos bien abiertos y mirando al cielo fueron: “¡Ya lo estoy viendo… ya lo estoy viendo!”. Los mismos que intervinieron en su muerte contaron luego en el pueblo que uno de ellos le interpeló: “¿Qué estás viendo tú?”. Y acto seguido, le descargó su pistola en la cabeza. El 28 de octubre de 2007, el sobrino de Juan, José Andrés Torres Mora jefe de gabinete de Zapatero, diputado socialista y promotor de la “ley de memoria histórica”, asistía a la beatificación de su tío, uno de los 498 mártires entonces distinguidos por la Iglesia católica. ¿Tenemos que honrar hoy a los verdugos de Juan Duarte Martín so pretexto de que combatían en nombre de la libertad?
– Tercer ejemplo: el poeta comunista Marcos Ana. Este icono de la izquierda fue encargado de leer el manifiesto de apoyo del juez Garzón el 24 de abril de 2010. Escritor de 90 años, es el preso más viejo de España franquista. Pasó 22 años por las cárceles, según nos dijeron, por ” un delito simple de conciencia”. Hasta Pedro Almodóvar, pretendería realizar una película a su gloria. Lo que no se sabe tanto, es que Marcos Ana es el seudónimo de Sebastian Fernando Macarro, miliciano que fue condenado por el asesinato de tres personas inocentes conocidas por sus convicciones religiosas. En su expediente judicial nº 120976 aparecen los motivos de su condena: era un joven líder de las Juventudes Socialistas Unificadas, jefe de grupo en el “Batallón Libertad” de Alcalá de Henares. Macarro fue condenado a muerte en 1943, pero como era menor, en el momento de los hechos, en 1936, su pena fue conmutada a 30 años de reclusión. Este militante comunista, que jamás renegó su pasado, hoy es presentado como un combatiente de los derechos humanos.
La segunda mentira: el terror en el campo republicano fue infinitamente menos importante que el del campo nacional. Según los estudios más serios, el balance de la represión en la zona nacional se sitúa alrededor de 70.000 ejecuciones y el de la zona republicana alrededor de 60.000. Es muy probable que la cifra final de la zona nacional sea superior a la de la zona republicana. El terror rojo actuó con rigor durante tres años sobre un territorio que disminuía constantemente, mientras que el terror blanco duró más de tres años sobre un territorio cada vez más vasto. La cifra de la represión nacional incluye además las ejecuciones posteriores al conflicto para crímenes de guerra y represalias políticas. Esta “guerra de las cifras” no debe enmascarar un punto capital: hubo un terror blanco, pero hubo también un terror rojo, y, debido a su importancia, es difícil de creer que fue desorganizado o incontrolado como los comentadores más sectarios todavía afirman.
La tercera mentira: la derecha española, ayer responsable de la Guerra civil, sería hoy la heredera del franquismo. ¡Una tontería crasa! El Profesor americano, Stanley Payne, barrió recientemente la leyenda de la responsabilidad pretendida y única de la derecha en el origen de la Guerra Civil. Recordemos solamente un punto revelador: la izquierda revanchista exige periódicamente de la derecha una condena del golpe de Estado de 1936, pero jamás se arrepiente de su golpe de Estado de 1934.
La Transición democrática no fue una conquista de los enemigos de la dictadura
Ante la postura de los amigos de Garzón, el antiguo diputado, presidente de la Comunidad autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, una de las figuras históricas del socialismo democrático español, particularmente representativo del espíritu de la Transición, lamentaba recientemente: “Es preciso reconocerle a Baltasar Garzón el éxito de haber aparecido, una vez más, en el New Yok Times y en otros notables medios internacionales, pero el mensaje que el juez y sus hooligans han conseguido colar allí es tan negativo respecto a los españoles que resulta siniestro. En efecto, este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en treinta años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que buena parte de la derecha sigue siendo franquista. Un hatajo de mentiras” (Blog de Joaquín Leguina: 20 de abril de 2010, artículo “Adanismo”). En lugar de procurar de nuevo distinguir entre “buenos” y “malos”, ya es hora de dar una visión justa y equilibrada del pasado.
Arnaud Imatz
Historiador – Politólogo
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